Cartas desesperadas, llamadas telefónicas que acababan en lágrimas y un insoportable presentimiento de que lo peor siempre estaba por llegar. Entre 1976 y 1983, la embajada y los consulados de España en Argentina recibieron innumerables pedidos de auxilio por parte de familiares de desaparecidos. Tal como confirman distintos documentos a los que ha accedido Público, no hubo prácticamente ni un día en el que no se acercaran padres, esposas, hermanos o hijos en busca de socorro. Querían que el gobierno de España salvase a sus compatriotas en peligro, pero no lo consiguieron.
De acuerdo a los archivos consultados por este periódico, todos estos casos se tramitaron bajo el membrete de “reservado” y “secreto”, algo que no valió de nada para los alrededor de 700 españoles -entre nativos y descendientes- que fueron secuestrados y desaparecidos por una de las dictaduras más atroces que ha sufrido América Latina. Las gestiones diplomáticas, siempre discretas, sólo permitieron que los denominados “presos gubernativos” -detenidos que habían sido “blanqueados”, pasando a cárceles legales- fuesen puestos en libertad a cambio de su inmediata expulsión a España, independientemente de las raíces que cada uno de ellos hubiese echado en suelo argentino.
En cualquier caso, los abundantes cables e informes enviados desde Buenos Aires por los diplomáticos españoles confirman que el Gobierno de Adolfo Suárez estuvo al corriente de cada una de las denuncias que llegaban a su embajada en Buenos Aires, lo que le permitió conocer de primera mano la horrorosa realidad en la que estaba sumergida Argentina. A pesar de ello, el ejecutivo de UCD, amparado por la Corona, no tuvo ningún reparo en continuar firmando acuerdos y negocios con la dictadura de Videla.
Entre otros aspectos, el gobierno de Suárez conocía la existencia del campo de concentración que funcionaba en Campo de Mayo un regimiento militar que albergó uno de los peores centros de exterminio. Así fue informado por el cónsul español José Luis Pérez Ruiz a finales de junio de 1976, cuando envió un informe estrictamente confidencial (pinche para ver el documento) en el que revelaba la existencia de este reino de la muerte. “Por referirse este despacho a la eventual detención de uno de los desaparecidos en las instalaciones de Campo de Mayo, cuya utilización para dichos fines no ha sido reconocido por las autoridades argentinas, doy carácter de reservada a esta comunicación”, explicaba Pérez Ruiz.
Su informe arroja otro detalle que podría resultar clave para determinar lo ocurrido con los desaparecidos de origen extranjero: en las reuniones mantenidas con funcionarios de la dictadura solía participar el capitán Bárcena, un misterioso militar que operaba en el ministerio de Exteriores argentino y que se encargaba “directamente” -según explicaba Pérez Ruiz en su nota reservada- de aquellos detenidos provenientes de otros países. De hecho, Bárcena estaba al corriente de la situación que atravesaban los presos españoles Herminio Martínez Borbolla, Diamantino González Álvarez y Antonio Garrido Ruiperez. La embajada proponía que todos ellos fuesen liberados a cambio de su inmediata expulsión de Argentina, pero la Junta Militar tardaba en responder. Durante una de las reuniones, Bárcena aseguró que los expedientes de estas tres personas “habían pasado al ministerio para su estudio y resolución”. “Por consideración y deferencia a España, han sido adelantados en su tramitación y colocados a la cabeza de la lista de los casos que han de ser resueltos en primer lugar”, prometió el capitán, que tenía suficiente capacidad para decidir sobre el futuro de los detenidos.
Efectivamente, Borbolla, González y Garrido fueron puestos en libertad y deportados a España. Sin embargo, la liberación no supuso el final del sufrimiento para una de estas familias: Rocío Martínez Borbolla, hermana de Herminio, fue secuestrada y desaparecida por la dictadura en un operativo realizado el 14 de junio de 1976, coincidiendo con las gestiones realizadas desde la embajada para conseguir la libertad de su hermano. A pesar de los pedidos realizados por sus familiares, esta joven oriunda de la localidad asturiana de Los Cabrales se perdió para siempre en el infierno de Buenos Aires.
Danilo Albin
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