Ante la falta de avance de su causa en España, las víctimas llevaron en 2010 sus denuncias a tribunales argentinos, donde la juez María Servini de Cubría decidió ordenar la detención de una veintena de ex cargos franquistas, entre ellos los dos ex ministros.
La juez cree que Utrera Molina, ministro de Vivienda de Francisco Franco entre 1973 y 1974, y Rodolfo Martín Villa, ministro del gobierno de la UCD entre 1976 y 1979, pudieron haber cometido un delito de homicidio en grado de tentativa con la circunstancia agravante de haber sido premeditado.
Según un auto judicial, la orden contra Utrera Molina, de 86 años, procede por haber convalidado la sentencia a muerte del anarquista Salvador Puig Antich, uno de los últimos ejecutados del franquismo, que murió mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974.
Por su parte, la juez reclama a Martín Villa, de 79 años, como presunto responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que murieron cinco trabajadores y más de 100 personas resultaron heridas, muchas por armas de fuego.
La magistrada solicita que sean extraditados a Buenos Aires para ser interrogados, como ya hizo en septiembre de 2013, cuando emitió una orden similar contra dos exmiembros de las fuerzas de seguridad de Franco, cuya extradición fue denegada por la justicia española.
España, al igual que muchos países latinoamericanos en su transición a la democracia, aprobó una ley de amnistía en 1977 .
Los abogados esgrimen el derecho internacional.
Los abogados esgrimen el derecho internacional.
Cientos de españoles han recurrido a un tribunal argentino en busca de justicia por crímenes cometidos contra ellos y sus familias durante los 36 años de dictadura, que terminaron con la muerte de Francisco Franco en 1975.
La semana pasada el fiscal federal argentino Ramiro Gonzálezhabía pedido a la jueza que solicitara las capturas de 15 de ellos y los había acusado de graves crímenes, tales como homicidios, torturas, desapariciones y sustracciones de niños. Este viernes Servini de Cubria hizo lugar a esa solicitud y amplió la lista de acusados.
El verano pasado, la juez y el fiscal pasaron dos semanas visitando a víctimas en sus casas del País Vasco, Andalucía y Madrid. Allí recogieron testimonios y pruebas de los crímenes del franquismo.
Esta causa arrancó el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República, a raíz de una querella puesta por familiares de fusilados, el gallego Darío Rivas Cando, de 94 años, e Inés García Holgado.
A esas querellas se han ido sumando otras de distintos represaliados de la dictadura, como por ejemplo los ex presos políticos agrupados en La Comuna; las familias de etarras y miembros del FRAP fusilados en los 70, e incluso la Asociación de Niños Robados en España.
En el expediente que tramita la juez Servini de Cubría ya hay entre 150 y 200 querellantes que han viajado expresamente a Buenos Aires para declarar en el juzgado y constituirse como acusadores de funcionarios de Francisco Franco. O, si no, enviaron a apoderados.
Servini de Cubría ha pedido a España que extradite a dos policías franquistas imputados por el delito de torturas, Juan Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, y Jesús Muñecas Aguilar, juzgado y condenado en su día por participar en el intento de golpe de Estado del 23-F. Pero la Audiencia Nacional ha rechazado esas peticiones.
También la juez ha pedido a España la exhumación de cadáveres de víctimas que yacen en una fosa común del cementerio de Guadalajara. Quiere comprobar vía análisis de ADN si allí están los restos de Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado por el franquismo. Su hija, Ascensión Mendieta Ibarra, de 88 años, viajó especialmente a Buenos Aires a rogarle a Servini que la ayudara a encontrar los restos de su padre antes de morir.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario