Víctimas del franquismo acusan al gobierno español de encubrir crímenes de lesa humanidad.

Están indignados y frustrados por los escollos que se les pone. Los miembros de la Red ciudadana de apoyo a la querella argentina (RED-AQUA) critican al gobierno español por su intromisión en el proceso judicial que impidió, el pasado miércoles, las declaraciones por videoconferencia de Marconi Puig Antich, Pablo Mayoral Rueda y Pedro Fausto Canales. Su declaración forma parte de la causa que la Justicia argentina ha abierto contra la dictadura de Franco por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad.

Según cuentan las víctimas, era sabido que el gobierno español ejercía presiones intentando paralizar la causa y lo acusan de mostrar públicamente “su siniestra cara, que ampara y encubre criminales y genocidios”. Además, denuncian que están intentando declarar y que se les haga justicia desde la comisión misma de los crímenes, lo que les ha impedido durante la dictadura y “nos impide insólitamente en democracia”, alegan. “Ha ocurrido otra vez más, otra vez con malas artes”, aseguran en un comunicado. Los miembros de esta plataforma denuncian que desde el Gobierno se les victimiza, impidiéndoles ejercer sus elementales y fundamentales derechos con la intención de que desistan.

Además, las víctimas aseguran que desde el consulado argentino en Madrid se realizan en forma periódica videoconferencias en las que declaran víctimas y testigos en las causas que instruyen los jueces argentinos contra los responsables de la última dictadura argentina y los de las dictaduras latinoamericanas. “Nunca, en este caso, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido la ocurrencia de invocar al tratado para impedirlo”, declaran. Consideran que el hecho de que los crímenes investigados ahora sean los del régimen franquista es motivo suficiente para que el gobierno meta la mano y presione.
Fuente: Red - Aqua