Para quienes, como en mi caso, hace muchos años militamos por obtener la cárcel para todos los genocidas, que mataron a mis padres y a todos nuestros 30.000 compañeros, ayer fue un día muy fuerte.
Ayer estuvimos presentes para impedir y repudiar el intento de detención de Hebe. Y en ese marco enfrentamos muchas peleas, con los representantes del macrismo y, lamentablemete también, con sectores minoritarios de la izquierda que, no repudiando este brutal ataque, se hicieron eco del sentido común impulsado por el Gobierno y sus medios de comunicación adictos, planteando que Hebe tenía que presentarse a declarar porque “tomos somos iguales ante la ley”.
¿Pero somos todos iguales ante esta ley y esta Justicia?
En Argentina durante más de tres décadas todos los gobiernos y la justicia garantizaron que no se juzgara a los genocidas, militares y civiles, responsables de la creación de 600 centros clandestinos de detención, de las más brutales torturas, desapariciones y muerte de nuestros compañeros, y del robo sistemático de niños. Por eso decirnos que esta Justicia garantiza que todos somos iguales ante la ley es realmente una provocación.
Sólo la lucha en las calles permitió que pudiéramos condenar a cientos de genocidas. Algo que hoy algunos quieren revertir. Los juicios que se llevaron adelante en todos estos años se consiguieron por la lucha y el testimonio de sobrevientes y familiares, que aportamos todas las pruebas para que sean condenados. Julio López pagó con su vida haber dado ese testimonio mientras la justicia y el poder político se encargaron de mantener la más absoluta impunidad.
Ayer, mientras las pantallas mostraban un imponente operativo policial para llevar adelante la orden de detención contra una Madre de Plaza de Mayo porque “no se había presentado a declarar” se volvían a escuchar estos argumentos desde los medios y el propio Gobierno.
Mientras Aldo Rico está libre, como miles de genocidas militares y empresarios como Blaquier y cada vez hay más represores con prisión domiciliaria, quieren ir contra quien representa un símbolo de los derechos humanos en el país.
Tenemos que volver a recordar que Fernando de la Rúa, responsable de la represión del 20 de diciembre de 2001 y del asesinato de decenas de personas, se rehusó cinco veces a declarar ante la Justicia y a pesar del pedido de las querellas, con semejante acusación, el Poder Judicial se negó a mandarle la fuerza pública. Acto seguido, sin más, fue absuelto. ¿Ésta es la supuesta igualdad de la justicia?
¿Cuántos genocidas acusados de crímenes aberrantes no se presentan ante la Justicia sin ningún tipo de represalia? ¿Cuántos empresarios acusados de delitos contra el pueblo tienen el mismo privilegio?
Ayer recordaba el caso de uno de los miembros de la Editorial Atlántida, contra quien llevo una querella por mis viejos y por mí acusándolo de cómplice de delitos de lesa humanidad. Su causa comenzó en 1984, por otros sobrevivientes. Durante décadas no se presentó a declarar, con un solo papel dejado por sus abogados y la posición absolutamente cómplice de la Justicia. Jamás estuvo planteada siquiera una mínima medida correctiva para que prestara declaración.
Ahora no nos van a decir que tenemos que aceptar los valores de una Justicia que no tiene absolutamente ninguna imparcialidad y que responde a las necesidades e intereses de sus representantes, los grandes empresarios, los dueños del poder y sus agentes políticos afines según el momento.
¿Qué significa este ataque contra Hebe de Bonafini?
No es creíble, en lo mas mínimo, que el interés de los funcionarios por su detención tenga que ver con investigar los casos de corrupción por los que se la acusa, casos de los cuáles ellos también están llenos.
El intento de encarcelar a Hebe de Bonafini es un mensaje por lo que representa simbólicamente en la lucha contra la dictadura y por la defensa de los derechos humanos. Lo que intentaron hacer con Hebe ayer es un ataque a todo el movimiento de derechos humanos de Argentina. Son públicas las diferencias que durante todos estos años hemos mantenido con Hebe de Bonafini quienes sostuvimos una posición independiente, tanto del gobierno kichnerista como de la oposición patronal. Su alineamiento incondicional con el gobierno llevó a Hebe a guardar un penoso silencio sobre los graves ataques a las libertades democráticas perpetrados entre 2003 y 2015.
Obviamente ninguna de estas cosas fueron las que llevaron al actual gobierno a querer acorralar judicialmente a Hebe de Bonafini.
Este mensaje se da en el marco de una política enfocada a avanzar en una mayor impunidad para los genocidas a través de prisiones domiciliares, parálisis de los juicios y, como dijo el propio presidente Macri, volver a darle un rol activo a las fuerzas armadas en la sociedad, intentando represtigiarlas para poder usarlas cuando sea necesario enfrentar a los trabajadores y sectores populares que se decidan a resistir las políticas del gobierno de los CEO.
Lo que buscan atacar y demonizar es lo que significa Hebe de Bonafini, como emblema.
La historia de las Madres de Plaza de Mayo, que resistieron durante la dictadura arriesgando sus vidas para buscar a sus hijos y sacar a la luz ante el mundo lo que estaba pasando en Argentina, está marcada por ese heroísmo, esa entrega que siguió durante muchos años enfrentando las políticas de impunidad de los gobiernos constitucionales.
La figura de Hebe, como la de otras madres con las que hoy seguimos peleando codo a codo como Nora Cortiñas, Mirta Baravalle o Elia Espen, junto a los organismos de derechos humanos y la izquierda, fueron claves para que miles y miles se movilizaran durante cuatro décadas contra la impunidad.
Para avanzar en más impunidad y en su política de reconciliación con los genocidas, ellos necesitan atacar y desprestigiar estos símbolos. Por eso, a pesar de todas las diferencias, no vamos a permitir que toquen a ninguna Madre de Plaza de Mayo.
Contra la impunidad y la represión de ayer y de hoy.
No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.
La Izquierda Diario
Texto completo en: http://www.lahaine.org/ataque-
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